Rocafort 2007

SEBASTIÁN BOSCH PONCE
PRESIDENTE LOCAL DEL PP
ROCAFORT

Rocafort, 10 mayo 2006

En la Revista Informativa del Partido Popular de Rocafort (núm. 8, correspondiente al mes de abril), en una nota de la Redacción de la misma, bajo el epígrafe Una Dimisión Esperada, se hace mención concreta a mi situación laboral como funcionaria pública de Administración Local en la Diputación de Valencia con estas palabras (cito textualmente):

“También manifestar nuestras dudas sobre los ideales políticos de la anteriormente mencionada, ya que dicha ex concejala socialista está trabajando actualmente para el grupo popular en la Diputación de Valencia. ¡Y es que, la pela es la pela!”,

Ante estas afirmaciones quiero manifestarle lo siguiente:

1. Que considero especialmente grave la afirmación publicada (“...dicha ex concejala está trabajando actualmente para el partido popular en la Diputación de Valencia”), y la valoración efectuada, que pretende poner en cuestión mis ideales y afear mi comportamiento, porque ponen en evidencia la desafortunada concepción que los responsables de la citada publicación tienen de la labor que corresponde a los funcionarios públicos en las distintas administraciones.
   Los funcionarios no trabajamos para el partido que gobierna sino que desarrollamos funciones públicas acatando la Constitución, El Estatuto de Autonomía y las leyes.
   
   
2. Entiendo que la confusión que se establece entre el servicio público al que nos debemos los funcionarios de la Administración, y el servicio a un partido determinado que el autor o autores de esa nota consideran inevitable en nuestro trabajo, resulta extremadamente peligroso; porque nos obligaría a pensar a todos los que vivimos aquí que las responsabilidades de gobierno que el PP tiene adquiridas en el Ayuntamiento de Rocafort en materia de Personal -entre otras- pueden verse contaminadas de dicha confusión: institución/partido, con la gravedad que ello supondría.
   
   
3. Que la difusión de este tipo de comentarios maledicentes, interesados, y en definitiva, insensatos en sus contenidos y en su forma, dañan la imagen y la profesionalidad de un colectivo de trabajadores que mantiene su empeño por dignificar su labor de servidores públicos, a pesar de algunas vergonzosas actuaciones que, en ocasiones, protagonizan quienes dirigen las instituciones a las que se deben.
   

Hay pleno el viernes, 28 de abril, a las 13,30h. porque se pretende aprobar un nuevo PAI: el de "Bovalar" (entrada a Rocafort por la carretera de Bétera).

Es un programa de actuación integrada (PAI) que ha sufrido diversas modificaciones desde que se presentó al pleno por última vez hace casi tres años.

No es ninguna broma. Es una nueva zona residencial con todo lo que significa.

El alcalde, Sebastián Bosch, y la concejala de Urbanismo, Carlota Navarro, vuelven a lucirse por su interés en la participación de los ciudadanos en los asuntos que nos conciernen a todos: Pleno un viernes a las 13,30h., víspera del puente del 1 de Mayo.

¡Todo un detalle!

L’alcalde ja ha convocat el plé on haurà de presentar el pressupost d’enguany.  I per tal de procurar que no hi vaja públic, i fins i tot per a dificultar l’assistència dels regidors de l’oposició, ha decidit fer el plé el pròxim dilluns, 13 de març, a les 12 del migdia.

Només volem recordar als membres del govern municipal –inclós el regidor d’IPR- que les dos forces polítiques, PP i IPR, es comprometeren a convocar els plens a hores raonables perquè els veïns i les veïnes del poble que vullgueren hi pugueren asistir.

Jesús Quiñonero, valedor d’aquell compromís com a portantveu del PP municipal, ha tornat a fer el ridícul; encara que aixó no és una novetat.

La novetat és que IPR, promotor d’aquella moció conjunta, tard o d’hora haurà d’explicar què en pensa.

Ponemos aquí el enlace con el texto completo de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que anula el presupuesto de 2004 por haber sido conculcados los derechos del Grupo Municipal Socialista y por comportamiento inconstitucional del alcalde. (El documento que reproducimos no es fotocopia del texto original, sino una conversión de éste a word.)

La lectura de muchos párrafos de la sentencia es un testimonio muy expresivo de cómo entiende este alcalde (y su equipo de gobierno) la gestión municipal: les molesta que exista una oposición a la que las leyes -y por encima de todas, la Constitución- le reconoce unos derechos.

La anulación del Presupuesto del 2004 va más allá de un asunto técnico: los jueces cuestionan el funcionamiento democrático de nuestro Ayuntamiento. ¡Los jueces!

En un comentario al artículo anterior sobre la anulación del Presupuesto de 2004 se hace una pregunta muy pertinente: ¿El gobierno municipal del PP dedicará al asunto -y a los ciudadanos- algún tipo de explicación?

Porque la anulación del Presupuesto no es debida a defectos técnicos -que también los había- sino a una tramitación que no cumplía las mínimos requisitos exigidos en una democracia. El juez ha considerado la conducta del alcalde -del representante de todos los vecinos- como inconstitucional.

La sentencia es demoledora. Su lectura produce vergüenza e indignación: un juez explicando al representante de todos los vecinos de Rocafort lo evidente. Que no se pueden gestionar los asuntos municipales, y menos el principal de ellos, el Presupuesto, sin transparencia y sin respetar los derechos de la oposición, es decir, del conjunto de los vecinos.

También hay duras plabras para la Secretaría: del texto de la sentencia se deduce que el juez la ha visto más al servicio del alcalde que del conjunto de la Corporación.

Ponemos aquí un enlace con un resumen de la sentencia.

También se puede consultar el escrito de alegaciones al presupuesto de 2004 presentadas en su día por El Grupo Municipal Socialista y numerosos vecinos.

El texto completo de la sentencia lo colgaremos en nuestra Web próximamente.

La Justicia nos ha dado la razón: ha anulado el Presupuesto de 2004 por haberse producido, según afirma la sentencia, una quiebra del derecho de información de los concejales para el cumplimiento por parte de estos de su obligación de realizar una función de control a la política económica del Ayuntamiento.

Dicho de otro modo, los concejales de la oposición debieron disponer de toda la documentación poder debatir el anteproyecto presentado por el Ayuntamiento. Pero el Alcalde, siguiendo una práctica antidemocrática habitual en él, negó este derecho. El Grupo Municipal Socialista presentó un recurso contra la aprobación definitiva del presupuesto y el juez le ha dado la razón.

En la sentencia se argumenta a favor del derecho que tienen todos los miembros de la corporación a disponer de la documentación necesaria para el desempeño de sus funciones. Pero además, el juez afirma que la negativa del alcalde a facilitar información documental es una conducta contraria al artículo 23-1 de la Constitución. Es decir, el alcalde, al no  respetar los derechos de los concejales, tiene un comportamiento  contrario a  la Constitución, es decir, una conducra no democrática.

Nosotros ya conocíamos este talante no democrático. Ahora lo ha dicho un juez.