Por ejemplo, si entramos en la web del Ayuntamiento encontraremos una entrada, “La Alcaldía informa”, que nos lleva a diversas informaciones sobre gestión económica. En un breve texto introductorio el Alcalde declara: “Este equipo de gobierno desarrolla una gestión eficaz y transparente”.

Para comprobarlo, entramos en “Aprobación Cuenta General”, y nos encontramos con:

• Breve explicación de en qué consiste una Cuenta General
• Tramites que han e seguirse para su aprobación
• Información de que se ha celebrado la reunión de la Comisión Especial de Cuentas para dictaminar la Cuenta General de 2005 (con énfasis puesto en que se le entregó copia de las cuentas al portavoz del Grupo Municipal Socialista y en que la celebración de la Comisión se hace siguiendo la trayectoria de transparencia del equipo del gobierno)
• Plazo para la presentación de reclamaciones, reparos u observaciones

Todo muy transparente… en apariencia.

Los ciudadanos deberían, además, saber que:

• La Comisión Especial de Cuentas que debió dictaminar la cuenta de 2005 se convocó con apenas 48 horas de plazo, por lo que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, ante la imposibilidad de examinar en ese tiempo  los gruesos tomos de que consta la Cuenta General,  se abstuvo de toda consideración y aplazó su juicio hasta el pleno que se deberá convocar si se presentan reclamaciones.  Miembros de la  Comisión Ejecutiva ya las hemos presentado.
• El Ayuntamiento ha visto anulados por sentencia judicial los presupuestos de 2004 precisamente por no facilitar al portavoz socialista la documentación necesaria para ejercer su función. Si le facilitaron la copia de la Cuenta (por primera vez) fue porque la ley obliga a hacerlo, no por transparencia.
• Que el gobierno municipal no empezó a presentar las cuentas generales hasta 2004: en ese año se presentaron con enorme retraso las de 2000-2003. Pero las anteriores a 2000 nunca han sido presentadas. Además, las de 2000 y 2001 no fueron presentadas en la Sindicatura de Comptes.

Así que menos presumir de transparencia: a ser transparentes, les estamos obligando desde la oposición.

Con el informe en contra del Interventor del Ayuntamiento y con apercibimiento de ilegalidad razonado en el mismo informe, el PP no dudó en aprobar más de 531.000 euros para pagar facturas que hasta ese momento había mantenido "escondidas" y fuera del control del Interventor. Gastos sin consignación, contrataciones sin los preceptivos controles para su fiscalización, etc.

Ante tamaño despropósito, el concejal del PSPV-PSOE, Salvador Marco,  reprochó al alcalde, Sebastián Bosch, y al concejal de Hacienda, Alejandro  Llácer,  su empeño por mantener la propuesta de acuerdo a pesar de la ilegalidad manifiesta en la que estaban incurriendo.

El alcalde le espetó: "También es ilegal Herri Batasuna y siguen actuando"; y se quedó tan fresco.

Sin comentarios

Con "matutinidad" y alevosía, como siempre. A un hora intempestiva e inoportuna para la gran mayoría de los vecinos, y para los concejales de la oposición, todos ellos trabajadores "por cuenta ajena".

En esta ocasión el "eficaz" concejal de Hacienda, Alejandro Llácer, sacará del cajón 550.000€ en facturas pendientes, y pedirá al pleno la aprobación de este crédito extrajudicial.

Y como si no pasara nada, como si nada de todo esto tuviera la mínima importancia, resolverán el asunto a primera hora de la mañana, cargando sobre nuestros bolsillos toda su irresponsabilidad, su ineficacia y su prepotencia.

Hay que reconocer que la sentencia sobre el Presupuesto de 2004 ha tenido algún efecto ya que, en esta ocasión, los responsables de elaborar el proyecto de presupuesto (Sebastián Bosch y Alejandro Llácer) facilitaron la documentación a los concejales de la oposición con tiempo suficiente para estudiarlo antes de convocar la Comisión Informativa.

Pero las buenas formas quedaron ahí.  Como informamos en su momento, el PP  evitó la presentación del presupuesto ante los ciudadanos contribuyentes de Rocafort convocando la sesión a una hora inoportuna en la que la mayoría de los vecinos cumplen con sus obligaciones laborales. En el Pleno, el Alcalde Sebastián Bosch sólo permitió al portavoz socialista intervenir una vez; ni derecho a aclaraciones ni a réplica.

¡Otra vez los gestos autoritarios y prepotentes del alcalde y de su grupo protagonizaron el pleno más importante del año!

El presupuesto aprobado inicialmente es totalmente continuista: ingresos hinchados, obligaciones no contabilizadas, gasto corriente desbordado, inversiones en actuaciones no explicadas, incoherencia en algunos importes, y más créditos bancarios.

Algunas curiosidades:

• ¿Qué contempla el „Convenio Plan Parcial Massarrojos Norte" para que pueda reportar un  ingreso de 300.506€ ?

• ¿Todas las subvenciones esperadas están confirmadas? ¿Y si no llegan, quedaría condicionada la realización del gasto? Visto lo publicado en diversos medios de comunicación, ¿cuáles son los plazos para que la Generalitat ingrese los 300.000€ de la „Subvención Plan de Mejora Municipios"?

• Los ingresos por sanciones de tráfico se incrementan de los 8.325,10€ liquidados en 2004, a los 37.000€ para este año ¿Tan mal está el tráfico y el aparcamiento que se espera incrementar tanto las sanciones?
• ¿Por qué no aparece en el presupuesto el crédito necesario (aproximadamente, unos 440.000€) para ejecutar la sentencia y devolver los importes del IBI de 2004 indebidamente cobrados? Recordemos que se trata de una sentencia firme al recurso presentado por el PSPV-PSOE - y contra la que no cabe recurso alguno- que declaró improcedente la aplicación en 2004 del incremento aprobado el día 31 de diciembre de 2003 por no haberse publicado en el BOP antes del día 1 de enero de 2004).
• Entre los gastos de difícil justificación están los del „Cine"; además de los gastos del local donde se proyecta (Casa de Cultura: alumbrado, personal,  técnicos, etc.), se prevén 24.800€  para el alquiler del equipo de proyección y de películas.  Y nos preguntamos ¿es proporcional el gasto total a la difusión y uso por parte de los vecinos?
•  Se prevén 45.000€ para telefonía ¿no puede controlarse este gasto?
• De los 68.000€ previstos en 2005 para Fiestas, se pasa a 135.000€ en 2006. Se dobla la cantidad. ¿Para qué? 
• El AMPA del Colegio Público San Sebastián, recibirá 8.500€; y la „Asociación Seguidores de la Mare de Deu" de Rocafort, 6.000€ ¿es proporcional esta distribución de recursos?

El presupuesto tiene miga. Seguiremos desmigándolo. Próximamente: Las inversiones.

1. Los miembros de la ejecutiva y los concejales que presentaron en su momento el recurso, hemos presentado inmediatamente una instancia al alcalde solicitando una nueva liquidación del IBI, así como la devolución de la cantidad cobrada indebidamente.
   Con ello pretendemos que el Ayuntamiento responda oficialmente y por escrito a dichas solicitudes, y que aclare qué va a hacer al respecto.
   
   
2. Una vez obtenida la respuesta oficial, y si ésta no es acorde con la sentencia que se ha fallado a nuestro favor, habremos de volver a recurrir al juez (cumpliendo los plazos previstos por la legislación) para que éste obligue al Ayuntamiento a devolver el dinero.
   
   
3. A partir de ese momento, el trámite habrá quedado libre de las trabas  interpuestas  por el propio Ayuntamiento, y será entonces cuando todos los vecinos podrán solicitar la liquidación que les corresponda con la tranquilidad de saber que su derecho será respetado.
   Hacerlo ahora les obligaría a estar pendientes  del costoso proceso en el que habremos de volver a personarnos si Sebastián Bosch y Alejandro Llácer persisten en su actitud. En cualquier caso, avisaremos en este blog de cualquier novedad sobre el asunto.

El concejal de Hacienda, Alejandro Llácer, ha declarado al diario Levante: "no entendemos la interpretación que hacen [los socialistas] del fallo".

Pues se la vamos a explicar, aunque, siendo Ud. abogado, creemos que no debería tener tantas dificultades:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Rocafort en sesión celebrada el 13 de noviembre de 2003, acordó aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles con una subid del 50%.
   
   
   
2. El 31 de diciembre de 2003, el Pleno del Ayuntamiento resuelve las alegaciones presentadas, cuando la publicación definitiva de la ordenanza tuvo lugar en el B.O.P. de fecha 30 de diciembre de 2003, antes de haberse resuelto las reclamaciones.
   
   
   
3. El Pleno de 27/02/04 acuerda considerar válida la publicación en el B.O.P. de 30/12/2003 de la aprobación definitiva.
   
   
   
4. El artículo 17.3, del R.D.L. 2/2004, que aprueba el Texto Refundido Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales establece, que finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el apartado 4 dispone, que en todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia. sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
   
   
5. Como el periodo impositivo coincide con el año natural y el impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo, al no haberse publicado la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza, después de resolver las alegaciones y antes del 01/01/2004, no se puede aplicar para el ejercicio de 2004.
   
   El Ayuntamiento debió publicar de nuevo la ordenanza, con posterioridad a resolver las alegaciones, pues solamente puede surtir efecto a partir de dicha fecha de publicación. En consecuencia la publicación realizada el 30 de diciembre de 2003, es contraria a derecho no teniendo validez, ni surtiendo efecto alguno.
   
   Siendo materialmente imposible, y al no entrar en vigor la modificación del tipo de gravamen del 0,75 por cien, es preceptiva la aplicación del tipo vigente del ejercicio de 2003, que corresponde al 0,50 por cien.
   
   
   
6. Contra la aplicación de la modificación de la ordenanza del IBI, se interpuso recurso contencioso-administrativo, tramitado ante el TSJ de la Comunidad Valenciana. la sentencia  dispone:

"Estimar el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2004 en cuanto otorga validez a la publicación de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI".

En su fundamento de derecho cuarto, se declara: "el acuerdo Plenario de 27/02/04 carece de virtualidad convalidante por el mismo, dado que lo procedente hubiera sido además, publicar una vez resueltas las alegaciones presentadas en plazo". 

RESUMIENDO:

• Para que la modificación de la ordenanza se pudiera aplicar al periodo impositivo de 2004 se tenía que haber publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo una vez desestimadas las reclamaciones antes del 1 de enero de este año..

• La publicación se hizo el día 30 de diciembre, antes de que se aprobara definitivamente la modificación: la aprobación se hizo en el pleno extraordinario del 31 de diciembre, sin que esta modificación se pudiera publicar antes del inicio del periodo impositivo de 2004.

• El Pleno del 27/02/2004 aprobó convalidar la publicación del día 30 de diciembre, publicación carente de validez al no haberse aprobado definitivamente en esa fecha la modificación de la ordenanza.

• La sentencia del TSJ de la Comunidad niega validez a esta convalidación y afirma que lo procedente hubiera sido publicar la aprobación definitiva de la ordenanza una vez resueltas las alegaciones presentadas en plazo.
  
  
• Si la publicación del 30 de diciembre carece de validez y el intento de convalidación posterior  carece de validez según la sentencia del  TSJ... ¿cuál es la conclusión?
  

¿Por qué los socialistas de Rocafort ponemos tanto empeño en aclarar las Cuentas Generales que aún no ha presentado  el Ayuntamiento? ¿Y por qué presentamos reclamaciones a las que sólo desde hace unos pocos años nos muestran?

La Cuenta General de un Ayuntamiento es el documento final de un ejercicio, sometido a la consideración del Pleno para su aprobación o no, y  en el que deben aparecer todas y cada una de las entradas y salidas de dinero que ha habido durante ese año. Y no solamente eso, sino que justificando cada uno de esos movimientos contables debe existir un comprobante  necesariamente adaptado a la normativa vigente.

Es decir, que la Cuenta General de cada ejercicio presupuestario es algo así como el TAC definitivo de la "salud económica" de nuestro Ayuntamiento.

Conociendo la Cuenta General podemos saber si el Ayuntamiento ha cumplido con sus obligaciones contraídas (originales de facturas que se han pagado, listado de subvenciones concedidas, pagos efectuados por labores de mantenimiento en nuestras calles y plazas,  por mejoras en las zonas públicas -polideportivo, piscina, canchas, Colegio, Parc de la Llum-, etc. etc.)

En la Cuenta comprobaremos también la relación de todo el personal que cobra del Ayuntamiento: cuánto cobran y por qué conceptos.

Pero la Cuenta General  no solamente nos informa de cómo ha gastado el dinero el Ayuntamiento, sino también nos aclara de dónde, y en qué cantidad lo ha recibido (relación de subvenciones y ayudas recibidas, relación de personas y entidades que pagamos nuestros impuestos y nuestra tasas; créditos bancarios que se han pedido, intereses que se pagan), etc. etc.; y además la Cuenta General demuestra si el uso que se le ha dado al dinero ha sido realmente aquel al que se comprometió cuando elaboró el Presupesto.

Por ejemplo, la piscina cubierta de la que tanto se habló durante un tiempo apareció como gasto en los presupuestos de los años 2000 y 2001, pero el dinero –si es que realmente lo hubo alguna vez- nunca se destinó a construirla. ¿Adónde fue a parar?

Toda esta información, entre otras, es la que conforma la Cuenta General. El manejo de los dineros públicos ha de cumplir inexcusablemente con los aspectos que la Ley regula para estos casos, y de ello ha de responsabilizarse quien firma cada uno de los movimientos que puede haber en un Presupuesto: el Alcalde y su Concejal de Hacienda.

La Cuenta General es la documentación en la que se explica cuál es el estado económico del Ayuntamiento a 31 de diciembre. Refleja, entre otros datos, los siguientes:

-         Dinero que tiene pendiente de cobrar el Ayuntamiento (deudores)

-         Dinero que tiene pendiente de pagar el Ayuntamiento (acreedores)

-         Valor del patrimonio municipal

Correspondiente a cada año, explica si se ha cumplido lo previsto en el presupuesto aprobado:

-         Cuántos ingresos realmente ha habido (lo que se recibe de la Administración Central y Autonómica, lo que nos cobra a los vecinos, etc.), y a qué son debidos (fondo nacional, fondo autonómico, impuestos, subvenciones, etc.)

-         Cuánto se ha gastado en cada servicio (limpieza viaria, jardinería, basuras...), y en las actividades que pueda promover (cultura, educación, alumbrado, administración...) distinguiendo si son gastos de personal, materiales, suministros, inversiones...

¿Quién tiene derecho a examinar la Cuenta General?

El Alcalde debe informar de la Cuenta General, primero, a los demás miembros de la Corporación y, después, debe someterla a información pública de todos los que estén interesados (vecinos de Rocafort, deudores y acreedores...)

Los Concejales no sólo pueden ver los libros de contabilidad sino que, además, tienen derecho a ver los documentos que justifican cada cobro y cada pago (facturas, certificaciones de obras...) y cuantos otros consideren convenientes (extractos de las cuentas bancarias, cuentas del recaudador, etc).

En defintiva, puesto que el dinero es público, con la Cuenta General el gobierno municipal debe  demostrar que se ha administrado correctamente.

Los socialistas de Rocafort pensamos que en el Ayuntamiento hay síntomas suficientes para pensar que la no presentación  de la Cuentas Generales de los años 1998, 1999, 2000 y 2001 responde a mucho más que a una simple cuestión de desorganización municipal interna.

En la página Web de la Sindicatura de Cuentas se puede constatar que la Sindicatura ha aceptado las Cuentas Generales de Rocafort de los ejercicios 2002 y 2003 y, por tanto, las da por válidas.

Por ello el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Miguel de la Cruz, se dirigió por escrito a la Sindicatura para preguntar:

1. Si el hecho de que en la relación citada no aparezcan marcados los ejercicios de 2002 y 2003 significa que la Sindicatura ha analizado las cuentas de Rocafort de los citdos ejercicios y las da por válidas, tal como han afirmado la Secretaría y el Interventor de nuestro Ayuntamiento. 
   
   
2. Si la remisión de las cuentas de un ejercicio implica que ya no es necesario remitir las cuentas de ejercicios anteriores [Rocafort aparece en las listas de la Sindicatura entre los municipuios que no han presentado las cuentas entre los ejercicios 1998 y 2001].

La respuesta completa de la Sindicatura se puede leer aquí. Destacamos dos párrafos. El primero dice:

El hecho de que el citado Ayuntamiento no figure en la página Web de esta Sindicatura de Comptes dentro del grupo de entidades locales que no han presentado sus cuentas en los ejercicios 2002 y 2003 no significa que éstas hayan sido consideradas válidas.

Parece claro que en este punto el Interventor y la Secretaria han hecho una de estas dos cosas, las dos igualmente inquietantes: o han puesto de manifiesto su falta de profesionalidad o han tratado de confundir de forma voluntaria en el ejercicio de su actividad como funcionarios públicos.

El segundo párrafo que destacamos dice:

La remisión de las cuentas de un ejercicio no exime de la obligación de presentar cuentas de ejercicios anteriores, que sonrequeridas de forma reiterada por esta Sindicatura de Comtes.

O sea, que la oposición debe seguir exigiendo -como hace la Sindicatura- que se hagan públicas las cuentas de nuestro Ayuntamiento entre 1998 y 2001.

La aprobación de una Cuenta General supone dar la conformidad a la situación económica, financiera y patrimonial del Ayuntamiento a fecha de 31 de diciembre. Los firmantes de las reclamaciones consideraron que la información era insuficiente o confusa en algunos puntos y por eso las presentaron: para que la Secretaría y la Intervención (órganos al servicio de toda la Corporación y no sólo del grupo municipal gobernante) consideraran las reclamaciones realizadas y pudieran aclarar y ampliar la información contenida en el expediente.

Las reclamaciones presentadas han sido calificadas por los funcionarios responsables de estos órganos de difamación. No sólo no nos han dado las aclaraciones que pedíamos sino que  nos acusan de un feo delito: difamar.

¿Nos llevarán a los tribunales?

El informe de Intervención y de Secretaría no ha servido para que se aclaren algunas de las preguntas que se hacían en nuestro escrito de reclamaciones. En sucesivos posts nos iremos refiriendo a ello. Pero sí que queremos recoger aquí el estupor que nos produjo que dos funcionarios -que no están al servicio del equipo de gobierno, sino del conju to de la corporación-  hayan calificado de difamación nuestras reclamaciones.

Su papel, entendemos, no es enjuiciar las actuaciones de la oposición, sino contribuir con su información a que se disipen nuestras dudas acerca de que la Cuenta General, tal como ha sido presentada, pueda ser aprobada. Y su informe no ha contruibuido a disiparlas. Ellos entienden que al decir esto estamos descalificándolos profesionalmente. Nada de eso: nosotros pedimos más y mejor información. Ellos sabrán si saben o pueden darla.